Cerca de cua­tro mil­lones de ciu­dadanos no pueden acced­er a la ban­da ancha en España en fun­ción de su sitio de res­i­den­cia; a este indi­cador neg­a­ti­vo para el desar­rol­lo de la Sociedad de la Infor­ma­ción en España, se le podrían sumar bajas masi­vas de clientes del Adsl más lento y caro de Europa.

Las enti­dades rep­re­sen­ta­ti­vas de la comu­nidad inter­nau­ta, los pro­fe­sion­ales y los con­sum­i­dores infor­máti­cos en España esti­man en cua­tro mil­lones la cifra de clientes de ban­da ancha ‑Adsl y cable-modem- que podrían darse de baja, si final­mente se con­fir­ma el acuer­do que Red­Tel las sociedades de gestión de los dere­chos de autor, aban­der­adas por la Sgae, para que en España se dé tres avi­sos antes de desconec­tar o ralen­ti­zar la conex­ión a Inter­net por usar redes P2P. A la dis­min­u­ción de ingre­sos se sumarían las posi­bles ind­em­niza­ciones que podrían derivarse por incumplim­ien­to de con­tra­to de las oper­ado­ras y las san­ciones aplic­a­bles en base a los artícu­los 8 (“Restric­ciones a la prestación de ser­vi­cios y pro­ced­imien­to de coop­eración intra­co­mu­ni­tario”) y 11 (“Deber de colab­o­ración de los presta­dores de ser­vi­cios de inter­me­diación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Ser­vi­cios de la Sociedad de la Infor­ma­ción y de Com­er­cio Elec­tróni­co, mod­i­fi­ca­do por la Ley 56/2007, de 28 de diciem­bre, de Medi­das de Impul­so de la Sociedad de la Infor­ma­ción.

Mien­tras las oper­ado­ras de tele­co­mu­ni­ca­ciones tratan de sortear la cri­sis, las sociedades de gestión de los dere­chos de autor, inten­tan con­seguir preben­das para las empre­sas pro­duc­toras de con­tenidos tratan­do de con­vencer a todo el mun­do de que el inter­cam­bio de archivos entre par­tic­u­lares por Inter­net es un acto delic­ti­vo y que supone fuertes pér­di­das al sec­tor de entreten­imien­to.

Sin embar­go tan­to la fis­calía como las sen­ten­cias dic­tadas estable­cen que el inter­cam­bio de archivos con copy­right restric­ti­vo por redes P2P no es un deli­to y no es punible de ningu­na for­ma cuan­do se tra­ta de archivos públi­cos o bajo licen­cias copy­left (la may­oría de los casos)

Las propias enti­dades de gestión de dere­chos de autor han recono­ci­do en el “Informe de la indus­tria de con­tenidos en España“, pub­li­ca­do por ASIMELEC, que no hay una baja­da de ingre­sos en el sec­tor y que solo la músi­ca tiene un retro­ce­so en la ven­ta a través del canal tradi­cional (aunque no se infor­ma del aumen­to de ingre­sos por, entre otros, actua­ciones en direc­to, descar­gas y pub­li­ci­dad)

Lo cier­to es que las nego­cia­ciones que se están lle­van­do a cabo bajo el aus­pi­cio del Min­is­te­rio de Cul­tura, pueden supon­er que algu­nas de las empre­sas más sol­ventes y con may­or capaci­dad tec­nológ­i­ca de España empiecen a perder clientes a mar­chas forzadas. Lo que reper­cu­tirá en su cuen­ta de resul­ta­dos y en su capaci­dad de man­ten­er el empleo.

Pero lo más grave es que un acuer­do de esta nat­u­raleza aten­ta con­tra la libre com­pe­ten­cia, fre­na en seco el acce­so a la Sociedad de la Infor­ma­ción en España menosca­ban­do los dere­chos civiles de los ciu­dadanos y ale­jan­do aún más el dere­cho con­sti­tu­cional de acce­so a la cul­tura y al conocimien­to.

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